Negociación de Perú LNG y comunidades afectadas en Ayacucho: ausencia de derechos y desarticulación
Félix Palomino
Asociación SER. Oficina Regional Ayacucho.
La complejidad del problema de la negociación Perú LNG y las comunidades afectadas tiene su fondo en que las comunidades no han logrado mantener sus demandas bajo un bloque único. Por ejemplo, en el distrito afectado Acocro, después de establecer a través de una asamblea intercomunal, el mantener la propuesta de 600 mil soles por kilómetro lineal de afectación, tres comunidades decidieron separarse del bloque distrital y negociar por su cuenta con Perú LNG, consiguiendo así montos por encima de los 200 mil.
De esta manera, la empresa logró ante la mirada frustrante de las demás comunidades, continuar con sus operaciones en esas tres comunidades bajo resguardo policial. Al parecer la empresa desde el inicio ha preferido dialogar y llegar a acuerdos con las comunidades por separado incidiendo en romper toda alianza o bloque de negociación. Esta estrategia ha levantando sospechas sobre la captación de algunos dirigentes comunales mediante sobornos, lo cual si bien es una versión infundada, revela, sin embargo, la magnitud del problema que se viene generando no sólo con la empresa sino al interior de las comunidades afectadas.
Otro aspecto es que, el proceso de negociación que se venía dando con los distritos afectados y las comunidades eran dispares de por sí. Estos dependían sobre todo de la debilidad o firmeza que oponían los comuneros, de la capacidad negociadora de las comunidades y las autoridades municipales, del nivel de representación de las autoridades y líderes, así como de las disputas internas existentes en las mismas.
Por ello, algunas comunidades como Chiquintirca (Anco) ha terminado negociando con la PLNG por 2 millones 350 mil, mientras que Pomapuquio (Acocro) por la misma distancia de afectación sólo logro 200 mil soles. En este caso, la capacidad de presión social ha sido determinante ya que la primera tiene 1,200 comuneros y la segunda tan sólo 120. En ese sentido, cabe preguntarse: ¿Qué tipo de acuerdos se establecerá con la comunidad de San José de Moyobamba (Vinchos) quien solo cuenta con 30 comuneros registrados?
Lo cierto es que las comunidades vienen quedando invisibilizadas a medida que avanza el conflicto y ante el accionar ahora notorio de los alcaldes de los 4 distritos afectados, el alcalde la municipalidad provincial de Huamanga, el Gobierno Regional y el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, quienes constituyeron una Comisión Multisectorial y viajaron a Lima para demandar ante el gobierno nacional la derogatoria del Estado de Emergencia en cuatro distritos rurales afectados por Perú LNG.
Al respecto, el gobierno a través del Premier Simón, ha puesto como condición para la derogatoria de este decreto el necesario acuerdo entre las comunidades campesinas afectadas, sus gobiernos locales y PLNG. Sin embargo el Frente de Intereses del pueblo de Ayacucho ya adelantó opinión planteando que la solución se dará por la vía de la presión política.
El caso Chiquintirca: sabotaje o simple demanda
El acuerdo entre las partes no se avizora en el corto plazo, sobre todo si desde algunos medios de información como Correo (quien recibe una importante publicidad de parte de las empresas gasíferas) sobre dimensionó los reclamos de los comuneros de la comunidad de Chiquintirca (distrito de Anco – La Mar) a TGP (empresa constructora y transportadora de Gas del Perú) con lo cual la comunidad tiene temas pendientes que resolver como la contratación de comuneros por la empresa (versión emitida por el Alcalde de Anco)
Sin embargo, este reclamo rebotó en este medio periodístico como un acto de sabotaje por parte de los comuneros de la zona con la toma de campamento y el secuestro de trabajadores de la empresa. Este tipo de acciones mediáticas no hacen más que complicar el escenario y no generar condiciones para la derogatoria del Estado de Emergencia que no sólo restringe y viola los derechos fundamentales de ciudadanos y ciudadanas de las comunidades afectadas por la inversión gasífera sino que entorpece las vías de negociación, que de por sí, se anuncian complejas y dispares.
En este conflicto, la responsabilidad mayor del entrampamiento de las negociaciones viene de la Empresa Perú LNG que decidió desde el inicio manipular las reglas del juego al amparo del gobierno nacional.
SER
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