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PQNSR :: 2017 / Promesas por cumplir: 13 años del Informe CVR

Promesas por cumplir: 13 años del Informe CVR

Por Admin AD / 11.01.2017 / Informes PQNSR

Promesas por cumplir: 13 años del Informe CVR

De cara al bicentenario nos toca continuar difundiendo y vigilando el cumplimiento de la visión del país.

Por Miluska Rojas, Secretaria Ejecutiva PQNSR.

El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), durante la campaña electoral fue uno de los 3 candidatos presidenciales cuyo plan de gobierno tuvo mayores compromisos vinculados al reconocimiento de una agenda de derechos humanos y de la necesidad gravitante de extender los servicios básicos en el país. En su mensaje ante el Congreso de la República ratificó estos compromisos, con alentadores anuncios y la declaración de una visión de país con amplio respeto de los derechos humanos y la dignidad de cada ciudadano y ciudadana.

"En el año 2021, año del bicentenario, nuestro país será reconocido en el mundo como una democracia en donde se respeten los derechos humanos, en especial los derechos de las minorías, y en donde se cumplen los deberes de los ciudadanos. Cumpliremos los compromisos pactados a favor de las víctimas de todo tipo de violencia, queremos ser ante el mundo un país serio, un Estado con palabra que tiene el mejor clima de negocios del continente y a donde todos quiera venir... (...)", anunció PPK.

Una visión ambiciosa y moderna, que algunos han catalogado como necesaria para el Perú y otros de gaseosa. Alberto Vergara,  politólogo afiliado al David Rockefeller Center de Estudios Latinoamericanos de la universidad de Harvard, afirmó que <<PPK deberá liderar un gobierno que recupere la autoridad en el país a través del fortalecimiento de un Estado de derecho que, está demostrado, no florece como añadido del crecimiento económico.  (…) El desafío, entonces, es superar una resaca que no es económica sino política e institucional >>.

No todas las fuerzas políticas han celebrado el mensaje ni la investidura de Kuczynski en el Congreso de la República. Sin embargo el presidente ha emplazado que para alcanzar la visión proclamada necesitará del consenso de las fuerzas políticas y de cada ciudadano y ciudadana del país. En otras plazas, como el espacio celebrado por las iglesias evangélicas del Perú, el llamado de Kuczinsky parece haber hallado eco, y le han sumado, a él y al Congreso de la República, pedidos expresos en favor del bienestar del país.  El acceso a servicios básicos, la justicia, la protección de la familia, y la necesidad de reconciliar al país, entre otros temas, han sido puestos en la agenda pública.

El presidente y el nuevo gabinete de gobierno, autoproclamado respetuoso y defensor de los derechos humanos, deberá acortar el descontento de la población insatisfecha con el crecimiento económico, polarizada en su opinión sobre el respeto de los derechos humanos,  y gerenciar con cautela su relación con el Congreso de la República, conformado en un 57% por el fujimorismo, abiertamente insatisfecho con los resultados de la elección. 

No será una tarea sencilla y hay quienes dudan de la franqueza de Kuczinsky, identificado como un tecnócrata liberal (pro mercado). Sin embargo el gobierno de Ollanta Humala incrementó la calidad y cantidad de las metas dadas para garantizar el acceso a derechos humanos y atender las políticas de reparación dejadas por García Pérez; esta será la valla mínima que PPK deberá sobrepasar. En particular cumplir los compromisos de campaña y del primer discurso presidencial le significará al gobierno poner en implementación políticas públicas, que pese a su poca difusión y participación ciudadana, han delineado prácticas estatales para promover una cultura de respeto de los derechos humanos, y atender la agenda Post Comisión de la Verdad y Reconciliación.

 

  • La implementación de la Ley N° 30470, Ley de búsqueda de personas desaparecidas durante el periodo de 1980 a 2000, demandará de un crecimiento progresivo en el presupuesto del sector Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio Público, para lograr el registro único de personas desaparecidas, una base de datos y demás mecanismos del proceso de búsqueda, recuperación y entrega de restos.  Entre ellos será fundamental la difusión de la norma y el acompañamiento psicosocial de los y las familiares.
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  • La Ley N° 28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones, y las estrategias para su implementación (Registro único de Víctimas, Plan Nacional de Salud Mental, Plan Multianual de Reparaciones en Educación, Plan Nacional Perú Contra la Indocumentación, Decreto Supremo N° 051- PCM- 2011, y los lineamientos de reparación en Salud, Acceso Habitacional, Reparaciones Económicas Individuales, colectivas y simbólicas) deberán ser potenciadas con la participación de los 12 sectores del Estado involucrados por la Ley, y una Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para la Paz, Reparación y Reconciliación Nacional (CMAN) más comunicativa. Recuperar el nivel de diálogo con la sociedad civil y las poblaciones afectadas a fin de mejorar la implementación de la Ley sin exclusión, con un mensaje claro, y principalmente reparador de la dignidad de las personas que padecieron la violencia y sus deudos será fundamental. También “cumplir con todas víctimas de la violencia de 1980 a 2000” debe significar para el Estado hacer efectivas las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pendientes desde el gobierno de Alejandro Toledo, y garantizar el derecho a la verdad y reparación de las mujeres esterilizadas contra su voluntad.
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  • El fortalecimiento de la institucionalidad y la sostenibilidad del Lugar de la Memoria, la tolerancia y la inclusión social (LUM) es una tarea pendiente. El LUM desde sus inicios ha contado con el apoyo económico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y fue transferido recientemente al Ministerio de Cultura (MINCU), requiere anualmente 3.9 millones para su funcionamiento. Sus lineamientos organizativos dentro de la estructura del MINCU se encuentran en proceso de diseño. Mientras que otros 133 espacios de memoria, en 16 regiones del país, requieren ser comprendidos en una política multisectorial que asegure su protección, conservación y el uso pedagógico.
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  • La necesidad imperiosa de espacios institucionalizados por el Estado para el diálogo y la reflexión sobre las memorias y los hechos de violencia se hizo patente durante el proceso electoral. Trece años después del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación el Estado peruano no ha logrado oficializar ni legitimar ampliamente una memoria colectiva capaz de privilegiar la universalidad irrenunciable de los derechos humanos. Los actores políticos en algunos casos han afirmado y tergiversado los hechos ocurridos durante esta etapa para justificar la violación sistemática de estos derechos. Queda pendiente desarrollar herramientas que motiven a nivel nacional la incorporación de la reflexión crítica de la época de la violencia en el Currículo Nacional. El Plan Nacional de Educación en Deberes y Derechos Fundamentales, el Currículo Nacional y la inclusión transversal del enfoque de derechos humanos en el sector educativo, dejados por el anterior gobierno, son herramientas útiles para continuar fortaleciendo una visión respetuosa de los derechos humanos y una ciudadanía crítica y activa.
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  • La evaluación del Plan Nacional de Derechos Humanos 2014- 2016, con participación activa de la sociedad civil en el Consejo Nacional de Derechos Humanos y fuera de este, será relevante para avanzar en la sensibilización de funcionarios públicos de los distintos sectores y niveles de gobierno. Pero también para extender esta visión de los derechos humanos más allá de la existencia de normas de protección concretas, en la cultura local, regional y nacional. 

El presidente ha visibilizado en su plan de gobierno estos y otros puntos, y aunque no todos lo han celebrad podemos tener esperanza, PPK es el cuarto presidente de la República que ha insistido en incluir los derechos humanos como apuesta principal del país en su primer discurso como autoridad nacional.

La designación de María Soledad Pérez Tello como ministra de Justicia y Derechos Humanos y de  Gisela Vignolo Huamaní como vice ministra de Derechos Humanos hacen advertir que existen condiciones para llevar a la práctica el discurso presidencial y continuar o mejorar las tareas dejadas por el anterior gobierno. De cara al bicentenario nos toca continuar difundiendo y vigilando el cumplimiento de la visión del país. 


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