Hoy conmemoramos la entrega del Informe CVR. El informe nos permitió ahondar en los hechos ocurridos durante 1980 a 2000, los actores que lo motivaron y se vieron involucrados directamente en hechos dolorosos de los cuales el país no se ha recuperado íntegramente.
A trece años de este informe recordamos y rendimos homenaje a quienes sufrieron la violencia y sus secuelas injustamente, a quienes en cumplimiento del deber público, con solidaridad y respeto por los derechos y la dignidad de las personas contribuyeron a la derrota del terrorismo. A quienes solidariamente se movilizaron para contener, aliviar y reclamar justicia para quienes no tenían voz o eran silenciados. A las mujeres que lideraron y afianzaron organizaciones en búsqueda de la verdad, la memoria y la igualdad. Nunca más terrorismo, ni violaciones de derechos humanos.

                                           PRONUNCIAMIENTO NACIONAL

#NUNCAMÁS: POR UN ESTADO JUSTO, CON MEMORIA Y RECONCILIADO

A 13 AÑOS DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN

El Movimiento ciudadano Para que no se repita, conformado por diversas instituciones, organizaciones y personas individuales de todas las regiones del país, se dirige a la opinión pública y autoridades de los tres poderes del Estado peruano con motivo del décimo tercer aniversario de la entrega del Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) para invocar al cumplimiento de acciones y políticas que garanticen avances hacia un país moderno: justo, con memoria y reconciliado:

Tenemos el deber, humano, de cumplir con todas las víctimas de la violencia:

1. La Ley N° 28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones, y las estrategias para su implementación (Registro Único de Víctimas - RUV, Plan Nacional de Salud Mental, Plan Multianual de Reparaciones en Educación, Plan Nacional Perú Contra la Indocumentación, Decreto Supremo N° 051- PCM- 2011, y los lineamientos de reparación) han sido implementadas parcialmente. En tal sentido se requiere: a) Potenciar la acción de los 12 sectores del Estado involucrados por la Ley, y una Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para la Paz, Reparación y Reconciliación Nacional (CMAN) más comunicativa, asertiva y proactiva. b) Recuperar el diálogo con las poblaciones afectadas a fin de mejorar la implementación de la Ley sin exclusiones, con un mensaje claro, y principalmente reparador de la dignidad de las personas, civiles y miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, que padecen las secuelas de la violencia.

2. La implementación de la Ley N° 30470, Ley de búsqueda de personas desaparecidas durante el periodo de 1980 a 2000 nos permitirá resarcir el daño causado por la violencia y avanzar hacia la reconciliación nacional. En tal sentido se requiere la actuación destacada del Ministerio Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio Público para lograr la pronta gestión de la Ley; su difusión masiva y los recursos económicos, humanos y procedimentales necesarios para su implementación. Así como la participación oportuna de los tres poderes del Estado, de acuerdo a sus funciones

El país requiere una memoria colectiva capaz de privilegiar la universalidad irrenunciable de los derechos humanos.

3. Las elecciones presidenciales han visibilizado la necesidad imperiosa de espacios institucionalizados para el diálogo y la reflexión sobre las memorias y los hechos de violencia de 1980 a 2000. A trece años del Informe de la CVR es imprescindible: a) Promover a nivel nacional la reflexión crítica de la época de la violencia en el currículo de los centros de educación. El Plan Nacional de Educación en Deberes y Derechos Fundamentales, el Currículo Nacional y la inclusión transversal del enfoque de derechos humanos en el sector educativo son relevantes para continuar fortaleciendo una visión respetuosa de los derechos humanos y una ciudadanía crítica y activa. b) La evaluación del Plan Nacional de Derechos Humanos 2014 – 2016 y la participación activa de la sociedad civil en el Consejo Nacional de Derechos Humanos serán relevantes para avanzar en la prestación de servicios públicos accesibles y sin discriminación; para trascender a una cultura local, regional y nacional respetuosa de los derechos humanos. c) El fortalecimiento de la institucionalidad del Lugar de la Memoria, la tolerancia y la inclusión social (LUM). Asegurar  un presupuesto y la definición participativa de los alcances de su función pública y su organización interna dentro de la estructura del Ministerio de Cultura. d) Articular, y dar protección, conservación y uso pedagógico a los 133 espacios de memoria, presentes en 16 regiones del país.

Como movimiento reafirmamos nuestro compromiso con un país justo, con memoria y reconciliado. En su calidad de autoridad, líderes, ciudadanas y ciudadanos les instamos a cumplir su función pública, sus promesas electorales, y a defender la memoria y los derechos humanos.

Lima, 28 de agosto de 2016