Por Segundo Herrera Mejía

Centro de Derechos Humanos de Amazonas

Han pasado 06 años desde que aquellos fatídicos hechos estremecieron al Perú y al mundo. El enfrentamiento de nuestros hermanos, indígenas y efectivos de la Policía Nacional del Perú. Por un lado, peruanos luchando por sus derechos amenazados por políticas de gobierno, y de otro lado peruanos uniformados que, desconociendo la zona y su contexto cultural, en cumplimiento de su deber tenían que estar allí por disposición superior.

Como de todo hecho violento se desprenden largos y agotadores procesos judiciales que benefician a unos y a otros “condenan”; refiriéndonos al proceso judicial de los lamentables hechos ocurridos en Bagua Grande en el cual se encuentran investigados altos mandos policiales, lo que sucede es realmente lamentable. La justicia, hace mucho ya no es justa.

Los integrantes de la Asociación de Víctimas, Familiares y Heridos del 5 de junio están quedando fuera del proceso judicial.  Luego de 6 años, el proceso aún sigue en la Fiscalía Provincial Penal de Utcubamba. El médico legista que evaluó las lesiones sufridas por el impacto de las armas de fuego consignó como resultado en el Certificado Médico Legal una atención facultativa menor de 30 días. Con lo cual, transcurridos 6 años, el delito calificado como lesiones leves por parte de la fiscalía ha prescrito; como consecuencia, el proceso en el cual los asociados eran considerados como agraviados será archivado. Situación lamentable ya que lo ocurrido obedece a la lentitud con que se ha venido llevando a cabo este caso.

Mientras a las víctimas del caso anterior les perjudica enormemente el archivamiento del caso, a otros se les beneficia. En el caso ocurrido en la hermana provincia de Bagua, en investigación, en el que dos efectivos policiales son los acusados, la Fiscalía Superior de Bagua acaba de archivar el proceso en contra del efectivo policial Manuel Mego Marín pese a que dos agraviados por el delito de lesiones lo han reconocido como autor. A pesar de identificarse plenamente la partición individualizada del acusado, y el delito presuntamente cometido, la Fiscalía calificó lo calificó como lesiones leves facilitando la prescripción de este.

Si a nivel procesal nos referimos a los casos judicializados por el Baguazo, nos encontramos con grandes decepciones. 6 años después el caso de la víctimas de Utcubamba sigue en investigación; el caso de la víctimas civiles de Bagua pronto pasará a un control de acusación; en el caso Estación 06 no existe ni siquiera acusación fiscal; y el caso del Mayor Bazán tampoco existe acusación; el único caso que está avanzando y con grandes cuestionamientos es el caso de la Curva del Diablo.

No es posible que por la negligencia e incapacidad de la administración de justicia se genere impunidad. Lo curioso de todo es que se han tenido más desaciertos que aciertos; por ejemplo, la gran injusticia cometida con el procesado, enjuiciado y encarcelado Juan Ramón Cruz Cotrina. Este ciudadano en un momento de depresión generado por problemas familiares, de comprobada condición de fármaco-dependiente y con tratamiento en años anteriores en la ciudad de Chiclayo, se auto-inculpó por la muerte del Mayor Felipe Bazán Soles ofreciendo en su testimonio datos poco consistentes con todas las investigaciones; su autoría desestimada en 2009, fue puesta en denuncia en 2013 por un nuevo fiscal pese a los indicios.

Quienes se encuentran al frente de hacer cumplir la ley tienen el deber de preocuparse por dirigir los procesos con seriedad y objetividad, por conducir las investigaciones a buen puerto; sin embargo en todos los procesos aludidos existen serias deficiencias, las mismas que al final están afectando a personas inocentes, trayendo más desconsuelo entre las víctimas y sus familias.