Foto: Movimiento Ciudadano Para Que No Se Repita

El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas regresó al Perú después de tres décadas. Entre el 1 al 10 de junio de 2015 viajó a diversas regiones del Perú con el propósito de examinar las principales iniciativas y políticas emprendidas por el Estado peruano sobre cuestiones relativas a las desapariciones forzadas o involuntarias de personas - tanto las que tuvieron lugar durante la violencia entre 1980 y 2000 como  las actuales- y analizar en particular los aspectos concernientes a la justicia, la verdad, la reparación y la memoria para las víctimas de desapariciones forzadas.

Luego de una serie de reuniones con instituciones del Estado, organizaciones de víctimas y familiares de las personas desaparecidas, y de la sociedad civil, presentó un informe preliminar sobre la situación de los casos de desapariciones forzadas en el Perú, y compartió sus observaciones sobre  la política peruana de atención a las secuelas y causas de la violencia vivida.

“Se necesita un fuerte liderazgo político para diseñar e implementar políticas públicas comprensivas para tratar con las desapariciones forzadas y sus consecuencias de una manera integral. Este proceso debería ser llevado a cabo de manera urgente”.

La situación política y socio-económica del país ha cambiado radicalmente. Existe un contexto democrático diferente, se han logrado muchos avances. En particular se ha abandonado la política de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, incluidas las desapariciones forzadas.

Las heridas siguen abiertas y muy presentes en las víctimas. La población continúa estando profundamente dividida y persisten las visiones opuestas respecto a la percepción y la interpretación de los hechos del pasado. No se ha promovido un proceso nacional en pos de la reconciliación.

Es necesario trabajar en aspectos fundamentales para la construcción de una memoria compartida en la población, que lleve a la reconciliación en el país. El sistema educativo tiene un papel clave en este proceso,  el cual ha logrado un progreso restringido.  Resulta de suma importancia el desarrollo de materiales didácticos en todo el sistema educativo civil y militar, que tome en consideración las diferentes formas de entender la historia reciente y que permita crear una base para la reconciliación nacional.

Hay necesidad de inclusión, participación e información para todas las víctimas en todos los procesos.  Fundamentalmente, se necesita tener una perspectiva de género en los diferentes pasos a seguir. Además, es esencial que los familiares participen de manera integral en todos los procesos de búsqueda de sus seres queridos.

Muchos de los familiares, testigos y perpetradores se están muriendo y mucha de la evidencia física se está perdiendo irreversiblemente. Para superar dicha situación se necesita un fuerte liderazgo político para diseñar e implementar políticas públicas comprensivas para tratar con las desapariciones forzadas y sus consecuencias de una manera integral. Este proceso debería ser llevado a cabo de manera urgente.

Es prácticamente insoportable para los familiares de las víctimas aceptar que más de 30 años después de los hechos aún no tienen información alguna sobre la suerte o el paradero de sus seres queridos. Perú ha optado por una estrategia de judicialización antes que humanitaria que tiene por objetivo central la determinación de responsabilidades penales de los perpetradores, antes que la búsqueda de la persona desaparecida.

Aún no existe una cifra final de la cantidad de personas que fueron desaparecidas forzosamente lo cual dificulta la plena realización del derecho a la verdad. En el Registro Único de Victimas (RUV) existen 8661 casos registrados. Sin embargo, es ampliamente reconocido que esa cifra podría ser mucho mayor. El CICR y el Ministerio Publico estiman que la cifra asciende a entre 13000 y 16000 desaparecidos forzosamente.

Resulta  de particular y extrema preocupación que, pese a los años transcurridos y las reiteradas solicitudes de información relevante para las causas por desapariciones forzadas al Ministerio de Defensa, este último no haya contribuido con el sistema de justicia en la entrega de información clave valiéndose de diversos argumentos, constituyéndose no solo en un obstáculo permanente y sistemático para el procesamiento de estos graves delitos, sino también una manifestación expresa de falta de voluntad del Estado por alcanzar la justicia en estos casos y el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

La protección de testigos, ésta debe ser más efectiva y eficiente. El grupo hizo un llamamiento al Estado peruano para que tenga un rol más proactivo, efectivo y eficiente en la protección y creación de confianza de testigos y familiares. Los testigos aún sienten temor de declarar y hablar abiertamente sobre los hechos.

Logros del Estado peruano identificados por el Grupo de Trabajo:

• Saludó la ratificación de los principales tratados de derechos humanos, y encomió la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la creación del puesto de Vice Ministerio de Derechos Humanos en dicha cartera. Remarcó el rol central de liderazgo que debe asumir el vice ministerio en relación a la búsqueda de los desaparecidos a través de la creación de un área específica. 
• Reconoció como un aspecto positivo la adopción del Plan Integral de Reparaciones y la creación del RUV; la construcción del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), así como la adopción del Plan Nacional de Derechos Humanos en 2014, así como la creación de otros planes relacionados con la temática de la desaparición forzada como el Plan Nacional de Deberes y Derechos Fundamentales 2014-2021.
• Celebró que el crimen de desaparición forzada esté tipificado como delito penal en el Perú. Sin embargo, lamentó que la definición y su interpretación sean restrictivas y, en consecuencia, no todos los actos de desaparición forzada están cubiertos por dicha definición. Señaló como hallazgo importante que la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República haya aprobado el reconocimiento de la competencia del Comité sobre las Desapariciones Forzadas (CED) para recibir y examinar comunicaciones individuales en virtud del artículo 31 de la Convención, y la espera de su pronta aprobación por el pleno del Congreso.
• Resaltó la existencia del Registro Especial de ausencia por desaparición forzada (Ley 28413) y observó que un número limitado de familiares de desaparecidos han utilizado este mecanismo. Refirió que ello puede estar relacionado con lo engorroso del procedimiento; y señaló que la futura ley general sobre la desaparición forzada debería establecer un mecanismo más sencillo.
• Celebró la creación  del Equipo Forense Especializado (EFE)  en 2013 y la importante contribución que ha realizado hasta el momento. Sin embargo, enfatizó que sus capacidades financieras y humanas deben ser reforzadas con más presupuesto y más capacitación para poder obtener mejores resultados. Señaló que cientos de restos aún permanecen en espera debido a estas limitadas capacidades. Recomendó incrementar la coordinación y cooperación con la sociedad civil.
• Al visitar el Sitio de Memoria La Hoyada en Ayacucho, el Grupo de Trabajo pudo observar la capacidad investigativa del Ministerio Publico y el EFE, de los 109 restos recuperados en las fosas halladas en La Hoyada solo 4  se han identificado.
• Señaló como positiva la creación del Sub Sistema Penal de Derechos Humanos con competencia para conocer los casos de violaciones a los derechos humanos y terrorismo, incluyendo la especialización de las investigaciones sobre desapariciones forzadas. Sin embargo, expresó su preocupación por la ampliación de sus competencias a la investigación de otros delitos, lo que obstaculiza su especialización en derechos humanos,  al elevar la carga procesal de los juzgados y fiscalías, y diluyendo la finalidad para el que fue creado.
• Destacó el importante trabajo de la Defensoría del Pueblo apoyando y aconsejando a los familiares de las víctimas de las desapariciones forzadas así como en el monitoreo e impulso de políticas públicas de verdad, la justicia, la reparación y la memoria. La credibilidad y respeto que la Defensoría tiene frente a los diferentes actores. La necesidad de un mayor apoyo institucional y financiero resulta esencial para su labor.

Agradecimientos y llamado:

El Grupo de Trabajo agradeció al Gobierno del Perú por la invitación y la cooperación ofrecida para llevar a cabo todas las reuniones requeridas en Lima, Ayacucho y Huánuco. Expresó su solidaridad con todas las víctimas del conflicto y reconoció el importante rol del CICR, las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil para facilitar el acceso a la justicia; Sin embargo, señaló que el Estado quien debe asumir su responsabilidad de proporcionar un apoyo más integral a los familiares y a las víctimas, por ejemplo facilitar su presencia en las audiencias y su participación si no manejan el idioma español, asistir a los familiares en el retorno a sus lugares de origen luego de una restitución de restos.

Lea aquí el informe completo de Observaciones Preliminares del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU