El pasado 28 de agosto se llevó a cabo el foro “Avances en las políticas de reparación y el acceso a la justicia para víctimas y afectados por la violencia interna” organizado por el Movimiento ciudadano Para que no se repita y el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República (congresista Alberto de Belaunde) con apoyo de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Afectados por la Violencia Política del Perú (CONAVIP). El foro contó con la participación de autoridades responsables de la implementación de estas políticas, quienes informaron los principales avances de su gestión y anunciaron algunas acciones que implementarán en el presente año.

CMAN: “Articulación y coordinación regional para la implementación de  reparaciones a nivel nacional en 2018”. Ver Informe aquí ►http://bit.ly/2xcqEdw

El secretario técnico de la CMAN, Daniel Sánchez Velásquez, indicó que en 2016 y 2017 el trabajo de la CMAN estuvo orientado por 3 pilares estratégicos:

1) Confianza, transparencia y diálogo con las organizaciones de víctimas: destacó que, de julio de 2016 a agosto de 2017, la CMAN promovió reuniones descentralizadas y espacios de diálogo con las organizaciones de víctimas y con autoridades de los sectores miembros a esta, y el Ministerio Público. También resaltó los trabajos de fortalecimiento de las organizaciones de víctimas (participación en encuentros, un taller formativo con líderes de organizaciones de la sociedad civil, de la policía y las fuerzas armadas).

2) Mejorar los programas de reparación: la CMAN incorporó a los ministerios de agricultura, vivienda, cultura, desarrollo e inclusión social a fin de agilizar las coordinaciones. Promovió la atención de salud de las viudas de la PNP (RM N° 1738 – 2016 – IN) y el fortalecimiento de capacidades e información para la atención del Ministerio de Salud (11 DIRESAS). También, el restablecimiento del carácter permanente del registro de víctimas y el acceso a reparaciones económicas, así como la reparación en casos de múltiple afectación; la sesión del derecho a reparaciones en educación, la eliminación de algunos requisitos para el acceso a becas (límite de edad, evaluación socioeconómica, examen nacional único) y un mayor número de estas (400 en 2017). A la vez se buscó mejorar el acceso de comunidades alejadas a las reparaciones, así como, la vigilancia de los proyectos de reparación colectiva.

3) Articulación regional a favor de las reparaciones: con apoyo de la ministra de justicia se logró la creación de los Santuarios Ecológicos de Ucchuracca, Accomarca, Cayara y Soras, actos públicos de reconocimiento (Acomayo, Churcampa, Moho y Chicche) y la restitución de restos exhumados (79), en coordinación con gobiernos locales. La CMAN ha promovido diálogo con alcaldes y autoridades de las regiones para fortalecer la implementación de reparaciones en estos niveles de gobierno. En 2018 espera su trabajo tendrá un mayor énfasis en este eje, así como explorar la posibilidad de crear un fondo para reparaciones a nivel local en coordinación con el Congreso de la República.

La salud mental requiere más presupuesto solo invertimos solo 14 soles per cápita al año. Ver Informe aquí ►http://bit.ly/2xaP9ge

Yuri Cutipe, Director de Salud Mental del Ministerio de Salud, señaló que la salud mental estuvo asociada durante largos años a la demencia, y solo a partir de la CVR la sociedad comienza hablar con mayor amplitud sobre la salud mental. Luego de procesos de fuerte violencia (conflictos internos y sus secuelas) atender y atenuar el sufrimiento humano en temas de emocionalidad es relevante.  Indicó que el 20%  (6 millones) de la población padece algún sufrimiento mental que deben ser atendido por el Estado. Remarcó que en 2004, un estudio sobre salud mental (Lozada) reveló que en Ayacucho el 51% de la población sufría de un padecimiento mental, y en aquel entonces solo existían 3 centros psiquiátricos en todo el país, estos estaban ubicados en Lima.

Refirió que con la Ley 29889 de reforma de atención de salud mental, hace dos años, se ha logrado desarrollar una red de servicio mental comunitario, 30 centros en 10 regiones desde. Acercando salud mental a casi un millón de personas atendidas.

Afirmó que se requiere mayor presupuesto y priorización de la salud mental en las regiones.  Mientras que Chile invierte  35 soles per cápita en salud mental, Perú apenas invierte 14 soles al año. Aclaró que el diseño del Seguro Integral de Salud (SIS) no es un servicio integral sino complementario. Este no contempla la contratación de personal de salud mental sino únicamente partidas para pagar medicamentos que se recetan. El presupuesto general del MINSA es quien financia los recursos básicos que requiere el sistema sanitario. Confirmó que el SIS tiene110 mil inscritos con RUV, sin embargo señalo “no cuesta nada inscribir sino atender”.  Adelantó que se abrirán 3 centros comunitarios de salud mental en Apurímac, 2 en Huánuco en los meses siguientes. A través de estos centros se buscará que se implementen tareas que garanticen la continuidad del tratamiento y las intervenciones de corte familiar y comunitario.

Los programas de vivienda no estaban diseñados para los sectores D y E, debemos continuar mejorando el acceso a vivienda. Ver Informe aquí ► http://bit.ly/2g5opDd

Eduardo Gonzales Chávez, jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, construcción y saneamiento, señaló que, en 2016 al iniciar la gestión de actual gobierno, limitaciones importantes en  el acceso a los programas de vivienda; existían 40mil bonos de vivienda ingresados sin financiamiento, créditos y bonos en descenso, adicionalmente los programas estaban diseñados para personas que podían acceder a la banca tradicional (créditos bancarios). Se circunscribían a Lima y regiones de la costa. El sector se propuso sanear las limitantes.

En el caso de las reparaciones a víctimas se modificaron los márgenes del programa Techo propio y Bono Familiar Habitacional (BHF) para atender la necesidad de reparación. Este último programa no es un bono especial, beneficia las víctimas con una asignación especial de 51% adicional para ofrecer mayor acceso a vivienda. En el caso del programa Techo Propio, funcionan tres modalidades: 1) Adquisición de vivienda nueva (bono de 48, 924 soles o 12.8 UIT), 2) Construcción en Sitio Propio (bonos de 28 742 y 21 404 soles), 3) Mejoramiento de vivienda (bono de 14 065 soles). La inscripción y la revisión de la oferta de estos incluye al grupo familiar y la municipalidad quien da la conformidad respectiva de la obra. Por otra parte, Gonzales señalo que el ministerio viene mejorando el diseño del programa Mi vivienda, el mismo que ahora cuenta con opción de admitir beneficiarios que accedan a la banca no tradicional (cooperativas, cajas de ahorro, etc.) como respaldo. También a través de Inverterra el gobierno viene identificando suelos urbanos y en zonas declaradas de emergencia a nivel nacional;  en la actualidad la meta es brindar acceso a 150 mil viviendas ABN y  62 proyectos inmobiliarios.

La atención de las personas desplazadas ha sido insuficiente. Ver Informe aquí ► http://bit.ly/2xTMmqf

Carlos Portugal Mendoza, del Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables (MIMVP) aclaró que en la actualidad el ministerio no cuenta con un programa de reparaciones aunque si integra la CMAN. Remarcó que las poblaciones vulnerables no han sido atendidas de manera coordinadas. Así la CMAN y el MIMVP tienen registros particulares de la población desplazada (62247 y  66492 respectivamente),  en gran parte son las mismas. De estas, aproximadamente, dos tercios (4700) tienen más de 40 años, apenas 4.5% cuenta con un empleo regular o estable. En su mayoría la población desplazada vive en precariedad laboral, cuenta con un nivel educativo bajo y son quechua hablantes. Confirmó que la atención a esta población es bastante baja en todos los niveles de gobierno. 16% no recibe ningún programa social, y al que más acceden es SIS (28%), 52% no reciben ningún programa de reparación; 12400 son adultos mayores (más de 65 años) y de estos solo 3692 acceden al programa Pensión 65.

En 2017 el MIMVP ha creado la Comisión multisectorial para prevención protección y atención de las personas desplazados, a través de la cual atenderá a toda la población desplazada del país. La estrategia de trabajo comprenderá el fortalecimiento de capacidades y de legislación para mejorar registro (evitar duplicidad) y el acceso a programas sociales.

Las reparaciones en educación se han logrado con el apoyo de las organizaciones de víctimas. Ver Informe aquí ► http://bit.ly/2wv8yUB

Marushka Chocobar, Directora ejecutiva del Programa nacional de becas (PRONABEC) refirió avances en el acceso a becas señalando mejoras en los requerimientos, el número de plazas y la oferta de becas. Refirió que REPARED (programa especial para víctimas) seguirá trabajando en los aspectos perfectibles, como la oferta de becas en regiones y carreras programas de pregrado y post grado.

La búsqueda de personas desaparecidas debe ser descentralizada y humana. Ver Informe aquí ► http://bit.ly/2hJ2Sny

Rafael Rodríguez Campos, representante de RENIEC, indicó que esta institución viene trabajando en la actualización un proyecto de Ley para la creación de un Banco de datos genéticos que permita la identificación por ADN  y la representación del perfil genético (código alfa numérico) de las personas desaparecidas y progresivamente del resto de los y las ciudadanas del país.

Susana Cori, Jefa de la Oficina de Búsqueda de personas desaparecidas del MINJUS, destacó que existen múltiples registros de las personas desaparecidas (CVR, Defensoría, Comisedh), y que una de las primeras tareas de la Oficina será consolidar un único registro. También indicó que la recuperación de restos demanda un trabajo conjunto con el Ministerio Público con quienes se trabajará de manera conjunta a fin de acortar plazos para la restitución y respuesta sobre cada caso. El cruce de datos con RENIEC y una ley especial para cruzar información genética serán también tareas de esta para implementar la Ley. Cori, remarcó que por mandato legal uno de los ejes transversales de su trabajo es la participación de los familiares y de distintos actores involucrados; así el acompañamiento psicosocial y el apoyo material y logístico serán tareas permanentes. Adelantó que, se crearán oficinas en Ayacucho y Huánuco y se habilitará una línea gratuita, y en coordinación con CMAN, Defensa Pública y el Registro de víctimas (RUV) difundirán a nivel nacional información sobre la implementación de la ley de búsqueda.

Alejandro Silva, representante del Ministerio Público, señaló que este ente viene participando activamente en la implementación de la Ley. Su trabajo consistió en aportes al Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas,  y la identificación de personal de la Fiscalía en 5 departamentos (400 fiscales) y en zonas donde hay mayor cantidad de sitios de entierro. También informó que han aprobado una normativa especial para atender la problemática (Guía forense, Directiva para fiscales) y capacitado a fiscales para asumir intervenciones pilotos (10) a fin de validar el modelo normativo operativo y presupuestal. La  validación de protocolos con actores de Junín y Huánuco, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Cerro de Pasco (fiscales, forenses, sociedad civil) ha sido importante refirió Silva. Así mismo señaló que se ha previsto invertir un millón y medio por 100 intervenciones forenses lo cual requerirá de una mayor asignación presupuestal desde el Ejecutivo.

Mantener la labor de vigilancia es tarea de la Defensoría del Pueblo y la sociedad civil.

El adjunto de Derechos humanos y para las personas con discapacidad de la Defensoría del Pueblo,  Tapia, señaló que su institución seguirá haciendo seguimiento a la implementación de las reparaciones y enfatizó en la importancia de sostener los avances y tareas pendientes señaladas por los representantes del Ejecutivo. Remarcó la preocupación de la Defensoría por mejorar la situación legal de las personas desaparecidas, el acceso a la justicia y el acceso a reparaciones en educación. 

Juana Carrión, presidenta de Anfasep, enfatizó a los ponentes a tomar como tarea elevar el monto de las reparaciones (a 10 UIT) como señal de igualdad, y el respeto de la verdad y la justicia conseguida por las víctimas. Leonor Saire, presidenta de la CONAVIP, remarcó los avances como positivos y señaló las mismas preocupaciones sobre las reparaciones. Los líderes de organizaciones de desplazados (Teófilo Orozco), inocentes liberados (Edgar Rivadeneyra) y de las fuerzas armadas a su vez indicaron que es imprescindible dar atención  a los temas pendientes de cada afectación, cada víctima y avanzar hacia la reconciliación con reparaciones integrales, en verdad, justicia y respeto de la dignidad humana.