El acceso a la justicia y la recuperación de restos de personas desaparecidas son los ámbitos donde menos resultados se han obtenido.
Foto: Mc PQNSR - Apurímac
Por: Miluska Rojas
La transformación de la sociedad luego del periodo de violencia de 1980 – 2000 es aún un ideal a alcanzar; las deudas históricas y las cifras recientes de las violencias (económica, social, contra la libertad sexual, política, entre otras) y las exclusiones permanecen en las regiones más afectadas por el conflicto armado interno.
La idea de reparación integral planteada por las recomendaciones de la Comisión de la verdad y reconciliación (CVR), complementarias al énfasis en el derecho a la verdad, la justicia para las víctimas y las reformas institucionales, no han logrado implementarse cabalmente ni transformar a la sociedad pos conflicto.
El Informe de la CVR planteo a la sociedad peruana una verdad compleja y dolorosa, y tareas inmediatas y de mediano plazo. Sin embargo, dieciséis años después de este informe, aún existen tareas pendientes para la sociedad peruana respecto de las reparaciones a víctimas de la violencia, la búsqueda de personas desaparecidas, la generación de garantías de no repetición de la violencia y de la construcción de un “nuevo pacto social”.
Si bien en los últimos quince años más de 120 mil víctimas y familiares logró inscribirse en el Registro único de víctimas y acceder a algunos beneficios de los programas de reparación, aún existen entre ellos muchos que sufren el daño moral de la impunidad, las secuelas de la guerra interna y la fragilidad de aquello que la CVR denominó “un nuevo pacto social”.
Los programas de reparación dados para resarcir los daños generados a las víctimas de la violencia de 1980 – 2000, en materia de salud, educación, vivienda, desplazamiento, restitución de derechos ciudadanos aún son limitados. El acceso a estos, así como el número y cobertura de las atenciones es bajo respecto de las secuelas y el número de registrados. Las víctimas de las zonas más alejadas aún ven desatendidas las secuelas que la tortura, la violencia sexual, la precariedad vivienda, y la ausencia de un familiar desaparecido puede haber dejado en ellas. La dilación de los procesos fiscales y judiciales, el sobreseimiento de los casos, las limitaciones de tiempo y cobertura en los programas de reparaciones parecen mantener la sensación de deuda e impunidad. El acceso a la justicia y la recuperación de restos de personas desaparecidas los ámbitos donde menos resultados se han obtenido.
Ante este escenario la memoria y la incidencia política han sido y seguirán siendo, quizás, la principal estrategia para afianzar los cambios sugeridos por la CVR. Los más de 165 espacios de memoria existentes y las iniciativas ciudadanas de memoria sobre este periodo alientan la construcción de un nuevo pacto social donde otro Perú es posible. Un país libre de exclusiones, atento a resarcir y evitar daños de guerra o de conflictos internos, y a buscar a cada víctima de desaparición forzada voluntaria y diligentemente.
Datos:
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